"La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ordena derribar 52 chalés o apartamentos de lujo construidos en el Concello de O Grove, concretamente en el lugar de Balea, en un entorno eminentemente turístico y privilegiado a la altura de la playa de Raeiros y muy cerca de San Vicente do Mar y del puerto de Pedras Negras.
La orden de derribo se debe, básicamente, a que fueron desatendidos los requerimientos de restitución de la legalidad administrativa del terreno emitidos hasta ahora. Y esos requerimientos, a su vez, se habían dictado porque la licencia inicial era para aparthotel y lo que se hizo fueron chalés individuales. Esto implica, además, que la parcela de terreno matriz se habría segregado mediante una división horizontal, prohibida por la ley en el suelo rústico que ocupa.
Esa orden de derribo, cabe indicar, puede ser bloqueada o anulada mediante la presentación de recurso contencioso administrativo ante el juzgado.
La de Raeiros y/o Balea es una conocida urbanización envuelta en polémica desde hace casi dos décadas que tuvo al frente a diferentes empresas o sociedades que cambiaron de nombre hasta convertirse en Inproin Galicia S.L., entre cuyos máximos representantes aparece Fernando Varela, hermano del conselleiro de Cultura, Roberto Varela.
El alcance de esta orden de demolición cobra por tanto una dimensión especial, y más cuando el litigio iniciado por estos apartamentos está aún pendiente de resolver a nivel judicial, pues tras una serie de recursos y sentencias los promotores están a la espera de que se conozca el fallo del Tribunal Supremo.
Ellos, los encargados de esta construcción, insisten en que respeta la ley y que todas las licencias y permisos están en regla, por lo que creen que "se discute el uso que se da a la urbanización", pero no está en juego o amenazada –al menos no lo estaba hasta ahora– la construcción propiamente dicha, pues cuando empezaron las obras para los 52 apartamentos lo hicieron, insisten, con licencia para aparthotel concedida por la Xunta, en 1992.
Las dudas surgen porque en lugar de utilizarse como apartamentos, controlados todos ellos por una sola persona o empresa, se estarían empleando como chalés individuales tras haberse realizado la división horizontal, que hay que repetir está prohibido en el suelo rústico que ocupa este complejo.
Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ordenaba restituir la legalidad administrativa, es decir, corregir el uso y adaptarlo al tipo de licencias concedidas a la parcela original y matriz, pero nada hablaba del derribo de los inmuebles.
Aquel fallo fue el que Inproin recurrió en casación ante el Supremo, sin que se conozca resolución al respecto. Sin embargo, el pasado 2 de marzo, el ex director de la APLU, Hipólito Pérez, firmó la resolución en la que se ordena la demolición.
Lo hizo poco antes de dejar su puesto, pero eso no le resta validez. En la Xunta de Galicia indicaron ayer que la resolución es perfectamente válida a pesar del tiempo transcurrido desde su firma e independientemente de que la agencia esté ahora dirigida por otra persona, María Encarnación Rivas.
Esa orden tuvo entrada en el Concello de O Grove el lunes, por eso se conoció ayer. Desde el gobierno tripartito, liderado por el socialista José Antonio Cacabelos Rico, hicieron público el expediente y pidieron que la Xunta ejecute esa demolición, "por ser la competente para actuar en suelo rústico".
La APLU, en base a un dictamen dictado por Urbanismo de la Xunta en 2007, ordena "la demolición de las obras ejecutadas por Inproin S.L. consistentes en 52 apartamentos adosados en grupos de cuatro, cinco y seis viviendas, compuestas de planta sótano, planta baja y planta bajo cubierta, articulados alrededor de una zona central en la que se sitúan piscina, edificio de servicios, viales interiores (...), en San Vicente do Mar".
El mismo expediente añade que la demolición debe ejecutarse en el plazo de tres mees, desde la notificación de la misma, e incluso advierte a los promotores de la posibilidad de efectuar el derribo de manera subsidiaria o de afrontar una ejecución forzosa, "mediante la imposición de multas coercitivas reiterables periódicamente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado".
Hay que incidir en que el expediente se inició en 2007, por lo que, según consta en la resolución del ex director de la APLU, "transcurrió sobradamente el plazo concedido para ajustar las obras ejecutadas" a las condiciones exigidas hace tres años, es decir, que se recuperara aquella parcela única e indivisible que a pesar de estar en suelo rústico fue segregada mediante una división horizontal.
Inproin, por cierto, decidió en febrero de 2007, junto a los demás propietarios del inmueble, constituirse como Sociedad Complejo Turístico Raeiros SCP, solicitando a la Xunta autorización de apertura en régimen de hotel-apartamento.
Pero según la Lei 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, si transcurrido el plazo de tres meses desde el requerimiento de demolición al interesado éste no solicita la oportuna licencia o no ajusta las obras a las condiciones señaladas en ella o en la orden de ejecución, "el alcalde acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a que diesen lugar", dice el articulado.
Pero el alcalde grovense, tras consultar a los equipos técnicos y jurídicos del Concello, considera que es la Xunta la que debe actuar y forzar directamente la demolición de los chalés, por situarse en suelo rústico "y porque la propia Xunta dio licencia".
En cualquier caso, el regidor socialista de O Grove aprovecha para anunciar que va a pedir que se depuren responsabilidades políticas, pues cuando empezaron las obras quién gobernaba era el PP de Miguel Pérez, "y está claro que las cosas no se hicieron bien en el trámite de esa urbanización".
De este modo José Cacabelos, aunque sabe, y así lo reconoce, que todo tiene su origen en "una licencia supramunicipal", pretende actuar "como lo están haciendo conmigo", en clara referencia a la imputación que pesa sobre él por los presuntos delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias, relacionados con la construcción de un edificio administrativo en la villa.
"Si a mi me piden responsabilidades yo también voy a pedirlas en relación con los 52 chalés de Raeiros –declara el alcalde–, aunque es la Xunta la que tiene que decir qué debemos hacer a partir de ahora y cómo se va a ejecutar la demolición".
Sea como fuere, esgrime también que "lo más probable es que el promotor presente un recurso contencioso administrativo", pero pase lo que pase "está claro que se hizo una segregación prohibida en suelo rústico cuando se dividió una parcela en 52 trozos para albergar otros tantos chalés".
A nivel político lo sucedido con Raeiros ya dio mucho de qué hablar hace años. Sobre en 2007, cuando después de las elecciones municipales la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil acudió al consistorio para recabar toda la información posible.
Por aquel entonces se atacó directamente al alcalde saliente, el conservador Miguel Pérez. Se hizo cuando estaba en plena negociación la formación del nuevo gobierno, que finalmente perdió el PP en beneficio del cuatripartito (PSOE, BNG, EU-IU y Partido Galeguista).
Alberto Núñez Feijóo, que aún no había llegado a la presidencia de la Xunta, salió entonces en defensa de Miguel Pérez y calificó aquel caso como un ejemplo de persecución política, recordando que todo partió de una denuncia del BNG.
Finalmente todo aquello se olvidó, pero ahora vuelve a estar de actualidad, quizás por tratarse de una urbanización de lujo, con piscinas exteriores e interiores, canchas polideportivas y otros idílicos servicios e instalaciones."
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