jueves, 22 de abril de 2010

Una urbanización de lujo donde nadie quería hablar




"La única señal de vida que ayer por la mañana había en la urbanización de Raeiros (O Grove) era la voz de una persona que atendía al llamar al número de recepción y que informaba de que no había nadie disponible para atender a la prensa. Ayer fueron muchos los periodistas que se apostaron tras los grandes muros del complejo con el fin de conocer las impresiones de los residentes, al hilo de la noticia de que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ordenó el derribo de estos 52 chalés, sin duda de los más privilegiados que se han construido en O Grove.

La urbanización está situada a pocos metros de la playa del mismo nombre, con vistas a la isla de Ons y en el corazón de una zona turística por excelencia como es San Vicente. Son viviendas adosadas, construidas al amparo de una licencia para apartotel, por las que las que se pagaron entre 400.000 y 500.000 euros.

Los residentes disfrutan de servicios de piscina, pista de tenis, restaurante y una amplia zona verde que usan, sobre todo, en verano. Es un complejo, básicamente, de segunda residencia, entre cuyos propietarios no faltan nombres conocidos. El conselleiro de Cultura, Roberto Varela, es uno de los que tienen casa allí, ya que uno de los socios de la promotora era su hermano Fernando. Las connotaciones políticas no faltaron ayer en el discurso del gobierno local. El alcalde, José Antonio Cacabelos, (PSOE), habló de que hay «grandes personalidades deste país» relacionadas con la controvertida urbanización y el primer teniente de alcalde, Carlos Álvarez Besada, (BNG), aludió a supuestos intereses del PP por silenciar este caso. «Está interesado en que se prolongue o tema e que non se saiba o que hai. Moito nos tememos que hai máis trámites feitos desde o 2 de marzo, dos que non sabemos nada», dijo el edil alusión a la resolución de la Axencia Urbanística, que no llegó al Concello hasta el lunes. En la órbita municipal, las críticas se dirigen a la actuación del gobierno del anterior mandato, del PP."

Ref: http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/04/22/0003_8434813.htm

"Non fan mal a ninguén"



"Vecinos de San Vicente creen que todo se debe a una pelea política y administrativa, pero consideran que "hay cosas peores que ésta"

Los chalés de Raeiros permanecen cerrados a cal y canto, a la espera de que llegue el verano y, con él, la "vuelta a casa" de sus moradores, gentes de poder adquisitivo alto que en su día pagaron alrededor de 500.000 euros por estos apartamentos adosados. En el entorno tampoco hay demasiados vecinos, y mucho menos ayer, a causa de la incesante lluvia. Aún así varios residentes en la parroquia de San Vicente hablaron tímidamente sobre la urbanización motivo de polémica, y lo hicieron para decir que "hay cosas mucho peores que esta".

Casi todos saben que la urbanización no invade el dominio público marítimo terrestre, no ocupa zona protegida y, en definitiva, no incurre en ninguna ilegalidad relacionada con su ubicación, a pesar de estar tan próxima al mar. El conflicto se debe a "cosas de políticos y de juzgados", decía uno de los consultados.

No le falta razón, ya que lo que se discute es el uso que se dio a la licencia concedida en su día para apartotel, lo que significa que no es uno de esos ejemplos de construcciones levantadas prácticamente sobre el mar sin atender a límites de ningún tipo. "Non lle fan mal a ninguén", apostillaba una mujer de la parroquia que, como los demás, prefería no dar su nombre.
Lo cierto es que la gente parece haberse acostumbrado a la presencia de estos chalés de lujo, y casi todos califican la urbanización como "bonita". Hay incluso quien dice que "al ser una urbanización tan atractiva atrae a gente de dinero, y eso es bueno para todos, pues generan riqueza en la economía local".

Absolutamente nadie de los consultados se plantea la posibilidad del derribo. "Esto parece un problema de licencias y de parcelación de la finca, pero no es tan grave como construir sobre la playa, por eso creo que al final todo va a solucionarse", esgrime el dueño de un bar cercano.

Entre los propietarios de los chalés hay, según dicen los vecinos, directores de conocidas empresas constructoras, altos cargos de bancos y cajas de ahorros, miembros de la Xunta y hasta puede que "alguien de la Audiencia".

Incluso el alcalde grovense señala que "se rumorea que en Raeiros tienen apartamentos algunas personalidades muy importantes del país, y bienvenidos sean, pues como alcalde y político tengo que decir que ese tipo de turismo de calidad y alto poder adquisitivo es muy importante para O Grove, pero todos somos iguales ante la ley, independientemente de la posición social y económica de cada individuo".

Como el alcalde y los vecinos consultados ayer, casi todos saben en O Grove que el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, puede ser uno de los propietarios, pues es hermano de Fernando Varela, uno de los responsables de Inproin, la promotora de la urbanización.

Como saben también que el ex presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, veraneó en un chalé situado a escasos metros, lo cual demuestra que "esta es una zona muy conocida y a la que viene mucha gente importante", esgrimen los mecos.

Sea como fuere, tampoco dan demasiada importancia a la presencia de los "visitantes ilustres", pues en San Vicente do Mar y en el conjunto de O Grove –particularmente en A Toxa–, están ya muy acostumbrados a convivir con turistas o visitantes ocasionales de renombre y repercusión mediática que eligen esta península y su isla para veranear o disponer de su segunda o tercera residencia, tal y como ocurre con la urbanización de Raeiros."

Ref: http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2010/04/22/non-fan-mal-ninguen/431582.html

miércoles, 21 de abril de 2010

La Agencia de Protección de la Legalidad comunicó al Concello el acuerdo de derribo



"La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ordena derribar 52 chalés o apartamentos de lujo construidos en el Concello de O Grove, concretamente en el lugar de Balea, en un entorno eminentemente turístico y privilegiado a la altura de la playa de Raeiros y muy cerca de San Vicente do Mar y del puerto de Pedras Negras.

La orden de derribo se debe, básicamente, a que fueron desatendidos los requerimientos de restitución de la legalidad administrativa del terreno emitidos hasta ahora. Y esos requerimientos, a su vez, se habían dictado porque la licencia inicial era para aparthotel y lo que se hizo fueron chalés individuales. Esto implica, además, que la parcela de terreno matriz se habría segregado mediante una división horizontal, prohibida por la ley en el suelo rústico que ocupa.

Esa orden de derribo, cabe indicar, puede ser bloqueada o anulada mediante la presentación de recurso contencioso administrativo ante el juzgado.

La de Raeiros y/o Balea es una conocida urbanización envuelta en polémica desde hace casi dos décadas que tuvo al frente a diferentes empresas o sociedades que cambiaron de nombre hasta convertirse en Inproin Galicia S.L., entre cuyos máximos representantes aparece Fernando Varela, hermano del conselleiro de Cultura, Roberto Varela.

El alcance de esta orden de demolición cobra por tanto una dimensión especial, y más cuando el litigio iniciado por estos apartamentos está aún pendiente de resolver a nivel judicial, pues tras una serie de recursos y sentencias los promotores están a la espera de que se conozca el fallo del Tribunal Supremo.
Ellos, los encargados de esta construcción, insisten en que respeta la ley y que todas las licencias y permisos están en regla, por lo que creen que "se discute el uso que se da a la urbanización", pero no está en juego o amenazada –al menos no lo estaba hasta ahora– la construcción propiamente dicha, pues cuando empezaron las obras para los 52 apartamentos lo hicieron, insisten, con licencia para aparthotel concedida por la Xunta, en 1992.

Las dudas surgen porque en lugar de utilizarse como apartamentos, controlados todos ellos por una sola persona o empresa, se estarían empleando como chalés individuales tras haberse realizado la división horizontal, que hay que repetir está prohibido en el suelo rústico que ocupa este complejo.
Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ordenaba restituir la legalidad administrativa, es decir, corregir el uso y adaptarlo al tipo de licencias concedidas a la parcela original y matriz, pero nada hablaba del derribo de los inmuebles.

Aquel fallo fue el que Inproin recurrió en casación ante el Supremo, sin que se conozca resolución al respecto. Sin embargo, el pasado 2 de marzo, el ex director de la APLU, Hipólito Pérez, firmó la resolución en la que se ordena la demolición.

Lo hizo poco antes de dejar su puesto, pero eso no le resta validez. En la Xunta de Galicia indicaron ayer que la resolución es perfectamente válida a pesar del tiempo transcurrido desde su firma e independientemente de que la agencia esté ahora dirigida por otra persona, María Encarnación Rivas.
Esa orden tuvo entrada en el Concello de O Grove el lunes, por eso se conoció ayer. Desde el gobierno tripartito, liderado por el socialista José Antonio Cacabelos Rico, hicieron público el expediente y pidieron que la Xunta ejecute esa demolición, "por ser la competente para actuar en suelo rústico".

La APLU, en base a un dictamen dictado por Urbanismo de la Xunta en 2007, ordena "la demolición de las obras ejecutadas por Inproin S.L. consistentes en 52 apartamentos adosados en grupos de cuatro, cinco y seis viviendas, compuestas de planta sótano, planta baja y planta bajo cubierta, articulados alrededor de una zona central en la que se sitúan piscina, edificio de servicios, viales interiores (...), en San Vicente do Mar".

El mismo expediente añade que la demolición debe ejecutarse en el plazo de tres mees, desde la notificación de la misma, e incluso advierte a los promotores de la posibilidad de efectuar el derribo de manera subsidiaria o de afrontar una ejecución forzosa, "mediante la imposición de multas coercitivas reiterables periódicamente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado".

Hay que incidir en que el expediente se inició en 2007, por lo que, según consta en la resolución del ex director de la APLU, "transcurrió sobradamente el plazo concedido para ajustar las obras ejecutadas" a las condiciones exigidas hace tres años, es decir, que se recuperara aquella parcela única e indivisible que a pesar de estar en suelo rústico fue segregada mediante una división horizontal.

Inproin, por cierto, decidió en febrero de 2007, junto a los demás propietarios del inmueble, constituirse como Sociedad Complejo Turístico Raeiros SCP, solicitando a la Xunta autorización de apertura en régimen de hotel-apartamento.

Pero según la Lei 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, si transcurrido el plazo de tres meses desde el requerimiento de demolición al interesado éste no solicita la oportuna licencia o no ajusta las obras a las condiciones señaladas en ella o en la orden de ejecución, "el alcalde acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a que diesen lugar", dice el articulado.

Pero el alcalde grovense, tras consultar a los equipos técnicos y jurídicos del Concello, considera que es la Xunta la que debe actuar y forzar directamente la demolición de los chalés, por situarse en suelo rústico "y porque la propia Xunta dio licencia".

En cualquier caso, el regidor socialista de O Grove aprovecha para anunciar que va a pedir que se depuren responsabilidades políticas, pues cuando empezaron las obras quién gobernaba era el PP de Miguel Pérez, "y está claro que las cosas no se hicieron bien en el trámite de esa urbanización".

De este modo José Cacabelos, aunque sabe, y así lo reconoce, que todo tiene su origen en "una licencia supramunicipal", pretende actuar "como lo están haciendo conmigo", en clara referencia a la imputación que pesa sobre él por los presuntos delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias, relacionados con la construcción de un edificio administrativo en la villa.

"Si a mi me piden responsabilidades yo también voy a pedirlas en relación con los 52 chalés de Raeiros –declara el alcalde–, aunque es la Xunta la que tiene que decir qué debemos hacer a partir de ahora y cómo se va a ejecutar la demolición".

Sea como fuere, esgrime también que "lo más probable es que el promotor presente un recurso contencioso administrativo", pero pase lo que pase "está claro que se hizo una segregación prohibida en suelo rústico cuando se dividió una parcela en 52 trozos para albergar otros tantos chalés".

A nivel político lo sucedido con Raeiros ya dio mucho de qué hablar hace años. Sobre en 2007, cuando después de las elecciones municipales la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil acudió al consistorio para recabar toda la información posible.

Por aquel entonces se atacó directamente al alcalde saliente, el conservador Miguel Pérez. Se hizo cuando estaba en plena negociación la formación del nuevo gobierno, que finalmente perdió el PP en beneficio del cuatripartito (PSOE, BNG, EU-IU y Partido Galeguista).

Alberto Núñez Feijóo, que aún no había llegado a la presidencia de la Xunta, salió entonces en defensa de Miguel Pérez y calificó aquel caso como un ejemplo de persecución política, recordando que todo partió de una denuncia del BNG.


Finalmente todo aquello se olvidó, pero ahora vuelve a estar de actualidad, quizás por tratarse de una urbanización de lujo, con piscinas exteriores e interiores, canchas polideportivas y otros idílicos servicios e instalaciones."

Fuente: http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2010/04/21/xunta-ordena-demoler-52-chales-urbanizacion-raeiros-construida-o-grove/431217.html

sábado, 17 de abril de 2010

Disuelta empresa Grovelán que en los 70 pretendió urbanizar la playa Lanzada



La sociedad ya estaba disuelta de hecho por la imposibilidad legal de desarrollar y alcanzar sus fines.

Grovelan había sido constituida en el Grove el 15 de mayo de 1967 por el entonces alcalde Francisco Alonso Pérez, el representante de Europa Sur SANA, Angel Cabrera y Pérez-Caballero, y el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, Enrique Lorenzo Docampo, con un capital social de 20.004.000 pesetas divididas en 5.001 acciones nominativas.

En el acto se disolvió la sociedad y se nombró liquidador al Decano del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra o persona que nombre.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, declaró que "hoy es un día histórico para el Ayuntamiento, porque por fin se disuelve esta empresa, que pretendía realizar actuaciones similares a las de Marbella, urbanizando la playa de A Lanzada".

Fuente: ABC
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=347290